La responsabilidad social de las empresas

 

Definición

 

El Banco Mundial define la responsabilidad social de las empresas (RSE) como "el compromiso de las sociedades de negocios de contribuir al desarrollo económico sostenible, trabajando de acuerdo con los empleados, sus familias, la comunidad local y la sociedad en su sentido amplio, para mejorar su nivel de vida por caminos compatibles con los negocios y el desarrollo".

En otras palabras, las compañías aceptan la legislación, las normas éticas y los reglamentos internacionales. El impacto sobre el medioambiente, los consumidores, los empleados, las comunidades, los responsables  y otros agentes de la esfera pública se ha de tener en cuenta en el mundo de los negocios tanto como los beneficios económicos para los accionistas. Además, los negocios estimulan el interés público por el crecimiento y el desarrollo de las comunidades, y por la negativa ante las prácticas nefastas en la esfera pública, además de su legalidad. En resumen, la RSE es la inclusión del interés público en la toma de decisiones colectivas.

 

¿De qué se trata?

 

En un mundo ideal, las compañías transnacionales (CTN) se adhieren espontáneamente a la RSE. La realidad es, desgraciadamente, muy diferente, y en general las CTN sólo tienen en cuenta el máximo provecho.

Hace apenas unos días se ha descubierto que la compañía petrolera Trafigura ha vertido en 2006 toneladas de desechos petrolíferos  en la capital de Costa de Marfil, Abidjan, a sabiendas de la alta toxicidad y del riesgo sanitario de los residuos. Al menos 16 personas han muerto, envenenadas por estos desechos, y más de 30.000 han resultado intoxicadas. Trafigura ha sostenido siempre públicamente que los residuos eran inofensivos, sabiendo ciertamente que no lo eran. Correos electrónicos internos que han pasado a conocimiento público subrayan el encogimiento de hombros de Trafigura respecto a las consecuencias de su acción, ya que es la manera más rentable económicamente de deshacerse de los residuos tóxicos sin importar las consecuencias sobre la salud humana  y el medioambiente.

 

Se puede obligar a las CTN a que acepten su responsabilidad social de dos maneras: una, mediante leyes que les obliguen a obrar así. Desgraciadamente, tanto a nivel europeo como nacional, no se ha emprendido casi nada para hacer a las CTN responsables de sus actuaciones en el extranjero. La otra manera implica campañas de las ONG y otros actores de la vida civil que den a conocer esos comportamientos. Esta publicidad sobre el conocimiento y la necesaria marginación de estas empresas las forzaría a cambiar de comportamiento y aplicar con más frecuencia la RSE. Las empresas consideran esta acción como un mal menor, pues la otra conllevaría más publicidad con la crítica severa de sus actividades, lo que puede ser nocivo para sus negocios.

 

¿Por qué debemos actuar?

 

Más de la mitad de las 100 mayores empresas transnacionales no-financieras tienen su sede en la Unión Europea. La trama legal actual que permite que una compañía tenga una estructura que separa las personas legales (y las responsabilidades de la compañía madre respecto a sus filiales) no vincula a las CTN a las violaciones de los derechos humanos, ni a la destrucción del medioambiente en países del tercer mundo, y no les obliga a poner en práctica mecanismos de prevención para frenar estos abusos. Medidas condenatorias de estas prácticas serían muy interesantes para terceros países, donde las instituciones locales son muy frágiles o inexistentes, o el gobierno no puede o no quiere actuar.

 

El Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas, el Profesor John Ruggie, apremiado a expresarse sobre el problema de los derechos humanos, las sociedades transnacionales y otras empresas comerciales, ha invitado en su informe sobre esta cuestión a que los países de origen  tomen regularmente medidas para impedir los abusos de sus compañías en los países extranjeros.

 

La focalización sobre los recursos naturales

 

Uno de los aspectos en los que las CTN han mostrado una actitud más negligente cara a los impactos de sus actuaciones sobre la población africana, es, desgraciadamente, el de la explotación de los recursos naturales. La RSE va a poner un acento especial sobre ello. El deseo de controlar los beneficios económicos generados por los recursos naturales es la razón principal de muchos conflictos en África, y de forma especial en la RD del Congo. Las CTN no se han interesado en saber si su dinero terminaba en los bolsillos de los grupos armados y alimentaban o prolongaban los conflictos. Las investigaciones realizadas demuestran que la compañía Afrimex, del Reino Unido, que comercia con minerales provenientes de la RDC mediante dos compañías registradas en este país, no ha emprendido ninguna acción para impedir que sus filiales financien los grupos rebeldes de la RDC durante la guerra. Así pues, ha contribuido a ese conflicto y se ha beneficiado de las actividades criminales de sus filiales. Se ha descubierto también que otra compañía británica Amalgamated Metals Corporation (AMC) tenía un representante que compraba los minerales a vendedores cuyos intermediarios comerciaban con los grupos armados del Sur de Kibu.

 

Una razón de más para dedicarse particularmente a los recursos naturales es la iniciativa de la UE sobre materias primas, lanzada en noviembre 2008. Uno de los fundamentos de esa iniciativa era mejorar el acceso de la UE a las materias primas de terceros países. Con este objetivo, la UE se orientaba a mantener una "diplomacia de materias primas" para asegurarse su acceso en terceros países. La UE quiere también dar prioridad al acceso a las materias primeras y secundarias en su política comercial. En otras palabras, la UE pretende añadir en sus acuerdos comerciales cláusulas  que faciliten su acceso a las materias primas de terceros países. La UE quiere hacerlo sobre todo en los sectores de los acuerdos comerciales que tratan de servicios y mercados públicos gubernamentales. En el caso de las relaciones comerciales  entre la UE y África, esto aparece en las negociaciones sobre los Acuerdos de Partenariado Económico (APE). Como subraya la CE, quiere insertar en los acuerdos reglas que garanticen  a las grandes compañías europeas la misma posibilidad de acceso a las materias primas que a las compañías locales. Quiere forzar a los gobiernos de los terceros países a aceptar reglas comunes para adquisición de derechos de explotación de minas y para los ingresos así obtenidos.

Este tipo de medidas podría reducir el espacio político de los gobiernos africanos si aceptan este tipo de negociaciones. Ya no podrían en este caso, dar ventaja a las compañías locales respecto a las CTN europeas que están en general mucho mejor equipadas y tienen más recursos, lo que les pone en una posición ventajosa al competir.

 

Thomas Lazzeri

 

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